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Hace unos días, El Plural daba cuenta de
las suspicacias que se habían levantado en la redacción de El País por los recientes
nombramientos del nuevo director, Antonio Caño, y de la nueva subdirectora. Al
parecer, según El Plural, ambos están alejados de una sensibilidad progresista,
lo que parece confirmar el giro a la derecha de El País. En otra de sus
informaciones, El Plural recordaba la declaración conservadora que hizo el
exdirector de El País y actual consejero-delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián,
en un desayuno informativo en presencia del exsecretario general del PSOE,
Felipe González. Dijo Cebrián: “yo nunca he sido de izquierdas”. Y, finalmente,
se daba cuenta de las últimas visitas a La Moncloa de Antonio Caño y Juan Luis Cebrián, lo
que confirmaría, según El Plural, el acercamiento al Gobierno del periódico El
País, que se puede apreciar en sus últimas informaciones sobre los supuestos
nuevos brotes verdes de la economía que tanto alboroto están provocando en el
Ejecutivo y en el partido que lo sustenta.
Si a estos cambios en El País añadimos el
cierre de la edición en papel del periódico Público, el cese fulminante de
Pedro J. Ramírez como director de El Mundo -por supuestas desavenencias con la
empresa editora tras la publicación de las informaciones sobre Bárcenas y el
PP- y las fusiones de las cadenas televisivas Cuatro-Tele5 y La Sexta-Antena 3, podríamos
llegar a la siguiente conclusión: la izquierda mediática estaría en clarísima
desventaja frente a la derecha, que habría logrado hacerse con el control de
tres grandes medios de comunicación (El País, Cuatro y La Sexta ) y virar el rumbo de
otro más que últimamente incomodaba mucho al Gobierno (El Mundo).
Esta concentración del capital conservador
en los grandes medios de comunicación españoles no favorece una saludable
democracia en la que la libertad de información y el libre mercado sean algo más
que principios políticos y económicos. En España se está reproduciendo una
situación similar a la que vive nuestra vecina Italia, y en ambos países la
visión neoliberal de la economía y de la política se difunde masivamente sin
dar apenas opción a la réplica en sus espacios informativos (¿cuántos
representantes de Izquierda Unida pisan los platós de La Sexta , por ejemplo?).
En todos los grandes medios se ofrece un
panorama bipartidista en el que se excluye o ningunea a otras opciones
políticas minoritarias, o cuando se las convoca se hace para dañar a otra
(presencia de Equo y Podemos en La
Sexta pero no de IU). Esta apuesta mediática por el
bipartidismo vulnera uno de los principios constitucionales más importantes, elevado
a categoría de “valor superior del ordenamiento jurídico”: el principio del
pluralismo político. Si bien, ¿qué podemos esperar de los grandes medios de
comunicación cuando la propia ley electoral es bipartidista y diseña un
Parlamento equivalente?
El capitalismo financiero, hegemonizado por
el neoliberalismo, está diseñando democracias autoritarias en las que no solo
gobiernos y parlamentos se pliegan a los intereses de las grandes finanzas sino
que, además, medios de comunicación y centros de pensamiento (universidades,
fundaciones, etc.) emiten machaconamente a la ciudadanía el mismo mensaje
unidireccional: “no hay salida”, “esto es lo que hay”, “hay que hacer lo que
hay que hacer”, etc. Todo, legislación y opinión, encaminado al predominio de
la visión neoliberal de la economía de mercado, que no es otra que aquella que
impone a toda la sociedad los intereses de las grandes corporaciones, haciendo
realidad el tránsito de las democracias a simples mercadocracias.
Los instrumentos que utiliza el gran
capital financiero para influir e incluso determinar gobiernos y parlamentos
son muy sutiles y, normalmente, no saltan a la vista, aunque en algunos casos
han sido evidentes (Lucas Papademos como primer ministro griego, Mario Monti
como primer ministro de un Gobierno italiano de consejeros de grandes empresas,
Luis de Guindos como ministro de Economía español…). El capital financiero está
representado y defendido en consejos de ministros y cámaras parlamentarias a
través de diputados, senadores, miembros del Gobierno y altos funcionarios que
han trabajado y trabajarán de nuevo para dicho capital. No todos, pero sí
muchos representantes públicos le harán los favores adecuados en forma de
decretos, preceptos legales y concesiones administrativas, favores que serán
devueltos en forma de donaciones o financiación al partido correspondiente y,
cómo no, en forma de puestos directivos en despachos o consejos de
administración de grandes empresas y bancos para esos representantes públicos
que dejen de serlo algún día. Hasta el expresidente Rodríguez Zapatero, en su
reciente libro El dilema: 600 días de
vértigo, reconoce diplomáticamente que en esta crisis los gobiernos han
perdido la batalla frente a los mercados. Esperemos que no pierdan, también, la
guerra.
En el otro terreno, el de la formación e
información, la penetración de los tentáculos del capital financiero es
sencilla. Basta con comprar grandes medios de comunicación o fundarlos, basta
con financiar estudios, informes, becas o proyectos de investigación en
universidades, fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, etc. Basta con
prestar dinero a intereses preferenciales a quien lo necesita y, más aún, si
quien lo necesita, dirige algún medio de
comunicación o centro de pensamiento.
Este esquema de trabajo estaría incompleto
sin armar adecuada y sólidamente otro frente de amistad para el capital
financiero en el orden jurisdiccional, es decir, en la Administración de
Justicia. No todos, pero muchísimos abogados, jueces y fiscales se dejarán
aleccionar por determinadas interpretaciones de las normas jurídicas que,
casualmente, siempre darán la razón a los intereses de las grandes finanzas o
de los poderes fácticos. Lo vimos con el juez Baltasar Garzón, lo estamos
viendo ahora con el juez Elpidio Silva y, andando el tiempo, lo seguiremos
viendo con otros jueces y fiscales que serán apartados de las causas que
dirimen si su línea de investigación e instrucción se atreve a cuestionar y
lesionar el inmenso poder de las grandes corporaciones o de ciertos poderes
fácticos.
En síntesis, el capital financiero ha
tomado las riendas de las democracias liberales para que éstas se adapten a la
globalización económica desregulada, en la que solo la rapidez de las acciones
que se emprenden asegura el éxito de las mismas. Al capital financiero le
estorban la lentitud de los procedimientos ejecutivos, legislativos y
administrativos y, nada mejor para acelerarlos, que la toma de control de los
mismos. La crisis económica, más que una excusa, puede haber sido el
instrumento utilizado para revertir las democracias plurales que surgieron en
la posguerra mundial (transformando los Estados liberales de Derecho decimonónicos
en Estados sociales y democráticos) en democracias unidireccionales, aquellas
que salvaguardan el capitalismo financiero fortaleciendo un sistema democrático
formal pero no material, pues en su seno no cabe otra visión de la economía ni
otra visión de las reglas del juego político que no sean las que imponen las
grandes corporaciones. Y éstas sólo
están por la labor de apuntalar un régimen bipartidista, en el que el
liberalismo conservador y el liberalismo progresista se alternan en el poder
para proteger al capitalismo, aparentando alternancia ideológica que, sin
embargo, sólo se materializa en políticas sociales y culturales.
Si una mayoría de ciudadanos sigue
desinformada por los grandes medios de persuasión -que diría el profesor Vicenç
Navarro- poco o nada se podrá hacer para construir una sociedad más plural, más
informada y mejor formada. Si, además, los ciudadanos no votamos
mayoritariamente a partidos nuevos y distintos, que no se financian mediante
préstamos bancarios y que abren sus programas y sus candidaturas a la participación
ciudadana, muy pronto podremos gritar -parafraseando el ritual de la sucesión
monárquica- aquello de: “¡la democracia ha muerto, viva la mercadocracia!”.
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