http://www.nuevatribuna.es/opinion/franci-xavier-munoz/referendum-gracias/20140613093846104313.html
La abdicación del Rey Juan Carlos I ha provocado
numerosos debates pero, sin duda, el más intenso ha sido, y sigue siendo, la
conveniencia o no de convocar un referéndum para consultar al pueblo español si
quiere continuar con la monarquía como forma de la Jefatura del Estado o,
por el contrario, prefiere cambiar a la república. Los partidos principales, PP
y PSOE, y algunos otros menores -satélites de aquéllos-, han pervertido el
debate del referéndum desde el principio, confundiendo el mismo con una
propuesta de reforma constitucional para traer la república como forma de la Jefatura del Estado,
alejando así a la mayoría de los ciudadanos de la reflexión de fondo que
subyace bajo la petición de referéndum, previo a la reforma (o no) de la Constitución de 1978.
Los partidos proponentes de dicho referéndum (IU, EQUO, PODEMOS, entre muchos
otros) han tardado, no obstante, en explicar claramente a la ciudadanía el
contenido explícito de su propuesta, enredándose al principio en el debate
torticero al que les llevaban PP y PSOE.
La propuesta es muy sencilla y se encuentra
legitimada en el artículo 92.1 de la Constitución , que dice: “Las decisiones políticas
de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos
los ciudadanos”. Todo referéndum lo tiene que proponer el Gobierno, autorizar
el Congreso de los Diputados y convocarlo el Rey. En la actual España
constitucional hemos tenido ya dos referendos: el que convocó Felipe González
para preguntarnos si queríamos seguir o no en la OTAN y el que convocó
Rodríguez Zapatero para ratificar la ley que aprobaba el Tratado para la Constitución
Europea.
¿Qué razones esgrime una parte de la
ciudadanía para solicitar ahora la convocatoria de un referéndum sobre la forma
de la Jefatura
del Estado? Son varias. La primera de ellas es que la abdicación del Rey en la
actual circunstancia de crisis económica, política y social es una “decisión
política de especial trascendencia”, como justifica la Constitución para la
convocatoria de un referéndum. Y lo es, sobre todo, por la negación permanente
que el monarca ha hecho de la abdicación como fórmula final para su reinado. ¿Qué
o quienes han hecho cambiar al Rey Juan Carlos I, cuando apenas un mes antes de
su abdicación negaba la posibilidad de la misma? Que lo tuviera decidido desde
enero e informado desde marzo es el relato que han elaborado para que no
pensemos por nuestra cuenta. Resulta evidente que ha sido una decisión de
última hora, lo que atestiguan las prisas que se han dado para formalizar la
ley de abdicación y proteger jurídicamente al exmonarca en su nueva condición
de tal.
La segunda de las razones tiene que ver con
el derecho que toda nación tiene a reinventarse a sí misma, mediante la
configuración de un sistema político profundamente renovado, cuando una
situación de crisis generalizada (y ésta lo es) afecta a tantos millones de
ciudadanos y corrompe las estructuras del sistema. Para una parte de la
ciudadanía, una república facilitaría mayores y mejores controles al poder
político y al económico, vista y comprobada la connivencia de la Jefatura del Estado
actual con dichos poderes y con las élites que los representan, que ha llevado
incluso a un familiar directo del monarca a desviar fondos públicos a sus
cuentas particulares. Las dudas sobre la gratuidad de ciertas mediaciones del
Rey ante grandes empresarios en el escenario internacional de los negocios
también arroja un cuestionamiento adicional a la institución de la Corona. Y no digamos ya los
episodios privados en los que se atribuye al Rey, con cierta solidez
informativa, una actuación personal éticamente alejada de su proyección
pública.
Si en diferentes momentos de la Historia política
española el pueblo cuestionó a sus monarcas, ésta no es una ocasión distinta,
por este tipo de conductas “nada ejemplares” en quienes ostentan la
representación institucional de todos los españoles. Se cuestiona a las
personas que ejercen dicha representación máxima pero, con dicho
cuestionamiento, se plantea si la institución republicana representaría mejor
al pueblo español.
Se ha argumentado por algunos que sería una
majadería convocar al pueblo cada equis décadas, preguntándole si quiere
continuar con su Jefatura de Estado actual o quiere cambiarla. Nadie en su sano
juicio pretende esta convocatoria periódica, salvo que la Jefatura del Estado
pierda el juicio, como ocurrió en países de nuestro entorno. Los italianos
fueron consultados en 1947; los belgas en 1950 y los griegos en 1974. Unos,
decidieron seguir con la monarquía y, otros, cambiarla por la república. Los
padres fundadores de Estados Unidos argumentaron que ninguna generación podía condicionar
políticamente a las siguientes, atando su sistema político a normas
fundamentales infranqueables. Parece que, ahora, muchos de los que alardeaban
de aquellos padres fundadores, han olvidado a Jefferson, Madison, Washington y
compañía.
La tercera razón y, quizá, la más importante,
es la relación de amor-odio que los españoles hemos tenido con la monarquía en
los dos últimos siglos. Desde 1808
a 1931, nuestra Historia está jalonada por episodios
vergonzosos en los que nuestros monarcas dieron la espalda al pueblo, echándose
en brazos de ciertas élites y personajes poco recomendables. Carlos IV terminó
sus días en Roma, después de abdicar la Corona en Napoleón y vivir cómodamente de sus
rentas. Su hijo Fernando VII protagonizó lo que hoy llamaríamos tres golpes de
Estado, uno contra su padre en 1808, otro contra las Cortes de Cádiz en 1814 y
otro contra el Gobierno liberal en 1823. Su esposa María Cristina (regente) y
su hija Isabel II (reina) terminaron en el exilio por incursiones en política
que alteraban los pactos constitucionales. Y el nieto de ésta, Alfonso XIII,
terminó también en el exilio por su connivencia con el dictador Primo de
Rivera.
Nuestro actual monarca parece que legitimó su
reinado el 23 de febrero de 1981, abortando un intento de golpe de Estado, con
lo que se quitó el estigma de haber sido designado sucesor a título de Rey por
el general Franco. No obstante, sin restarle méritos en su compromiso
democrático, no es del todo cierto que los españoles ya votaran acerca de la
monarquía, como afirman algunos políticos y periodistas. Los españoles votaron
en 1978 una Constitución que les traía la monarquía parlamentaria ya incluida.
Entonces, España votó democracia sí o democracia no. Teniendo en cuenta que el
régimen político legal del que venimos es una República, violentado por un
golpe de Estado, continuado con una dictadura de 36 años y con una monarquía de
39, muchos creemos que ha llegado el momento de solventar una duda que, durante
generaciones, ha inquietado al pueblo español: ¿es España, hoy, monárquica o
republicana?
Los monárquicos deberían ser los primeros en
solicitar el referéndum, si tan seguros están de ser mayoritarios. ¿O es que no
están tan seguros y la duda les sigue beneficiando? Si ganaran ellos el
referéndum no habría que reformar la actual Constitución, salvo esos retoques
que seguro ya están negociando PP y PSOE en secreto. Si ganaran los
republicanos entonces sí habría que iniciar una propuesta de reforma
constitucional. Pero lo primero es lo primero: saber qué piensa el pueblo
español sobre este asunto históricamente tan espinoso.
Un consejo a Felipe VI, una vez aprobada la
ley de abdicación: si quiere legitimarse como rey, de entrada y de forma
espectacular y sorpresiva, dando un giro a los tiempos y a la institución
monárquica, que solicite públicamente al Gobierno que proponga dicho
referéndum. Estoy convencido que muchos republicanos de corazón cambiarían entonces
el sentido de su voto y le darían a Felipe VI una oportunidad.
n este caso pienso igual.
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