http://www.nuevatribuna.es/opinion/franci-xavier-munoz/
Los
escoceses han acudido libremente a las urnas y han votado mayoritariamente por
seguir unidos al Reino Unido de la Gran
Bretaña. Lo que para algunos era una locura antes de la
celebración del reférendum, gracias al resultado se ha convertido en un
ejercicio inteligente de sabiduría política y democracia. Y lo comparan con el
desafío soberanista de Cataluña, animando a los catalanes ¡a no votar! Algunos,
en su paroxismo habitual, llegan a decir que “en Escocia se ha cumplido la ley,
que es tanto como respetar la democracia” (Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta
del Gobierno de España). ¿Se ha enterado esta mujer que la ley que han cumplido
los escoceses es, precisamente, la que el premier
británico, David Cameron, ha autorizado y aquí, para Cataluña, nuestro
presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, niega una y otra vez?
El
referéndum escocés es, ahora, para los nacionalistas españoles más acérrimos,
un ejercicio sano de democracia y responsabilidad, pero esos nacionalistas niegan
que ese mismo ejercicio puedan llevarlo a cabo aquí los catalanes. Cierto es
que hay diferencias. La más importante, sin duda, es que Escocia ya fue un
territorio soberano, y Cataluña, no. Sin embargo, hay otra diferencia que los
nacionalistas españoles no ven, no quieren ver, o no se creen, y es que el
Parlamento catalán no quiere (porque no puede) convocar un referéndum para
decidir sobre la independencia de Cataluña, sino que quiere convocar una
consulta al pueblo catalán para saber su opinión sobre cuál sería el mejor de
los tres escenarios jurídico-políticos para su territorio en relación con
España, tal y como reflejan claramente las preguntas aprobadas para la
consulta:
“¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Sí o no. En caso
afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente? Sí o no”. Habrá tres
tipos de respuesta: uno que prefiera que Cataluña siga siendo comunidad
autónoma, otro que prefiera que Cataluña sea un Estado federado o confederado a
España, y otro que prefiera que Cataluña sea un Estado independiente.
La
consulta al pueblo catalán sobre esta cuestión tiene cobertura legal en la Ley de Consultas populares no referendarias
recién aprobada por el Parlamento de Cataluña, con el visto bueno del Consejo
de Garantías Estatutarias, órgano consultivo del Gobierno catalán. Y no hay que
ser un erudito en Derecho para entender que las consultas amparadas por esta
nueva ley solo afectan al ámbito competencial de la Generalitat y de los
entes locales, como así mismo dice la propia ley:
“Las
consultas son instrumentos dirigidos a conocer la posición u opiniones de la
ciudadanía en relación a ‘cualquier aspecto de la vida pública en el ámbito de
Cataluña y el ámbito competencial de la Generalitat y los entes locales’, y su resultado
no tiene efectos vinculantes”.
Más
claro, agua. La
Generalitat no tiene competencias para segregar el territorio
catalán de España y, además, el resultado de la consulta no es vinculante,
luego no obliga al Govern a materializar
jurídicamente dicho resultado. Creo, por tanto, que esta ley tiene difícil su
declaración de inconstitucionalidad, aunque ya se sabe que el Tribunal
Constitucional (como todos) es un tribunal jurídico-político y, por tanto, un
órgano al que se recurre para buscar el mínimo recoveco o retorcimiento constitucional
que permita la expulsión del ordenamiento jurídico de una ley o precepto, de
acuerdo a los intereses del recurrente, que pueden coincidir o no con los
intereses de la mayoría de magistrados del alto tribunal. De ahí que el Gobierno
central se apresurara a cubrir con magistrados conservadores las vacantes que
habían sobrepasado el plazo de renovación, puesto que se avecinaba el desafío
del Gobierno catalán sobre la mal llamada consulta soberanista.
El
Gobierno de España entiende que las preguntas de la consulta exceden las
competencias de la
Generalitat puesto que –argumenta- la soberanía de Cataluña,
como la soberanía de cualquier comunidad autónoma, no está en manos de la
población de dicha comunidad, sino en manos de todo el pueblo español. Sin
embargo, solo una de las dos preguntas de la consulta y solo una de las tres
respuestas posibles afectan a la soberanía, porque ¿no es competencia de la Generalitat preguntar
a los catalanes si se sienten cómodos constituidos como comunidad autónoma o
como Estado federado o confederado? Otra cosa distinta es preguntarles si
preferirían constituirse en Estado independiente, aunque solo es una pregunta,
no una ley o decreto sometidos a votación popular, lo que sí vulneraría
claramente las competencias del Parlamento de Cataluña o de la Generalitat. Pero
ni aquél va a someter a referéndum una ley de secesión ni ésta va a someter a
plebiscito una decisión política soberanista. En este intríngulis se avecina el
lío constitucional.
De
ser España una democracia avanzada y de ser Rajoy un gobernante inteligente,
como parece serlo su correligionario ideológico británico, David Cameron, creo
que nuestro presidente de Gobierno no debería recurrir al Tribunal
Constitucional la Ley
de Consultas catalana, y lo creo por los siguientes motivos:
-
primero,
para demostrar a los catalanes que son tenidos en cuenta en España y que sus
inquietudes políticas merecen el respeto del resto de los españoles;
-
segundo,
porque la propia Ley de Consultas catalana deja meridianamente claro que las
consultas amparadas en dicha ley no son referendarias, es decir, no son
referendos y, además, no son vinculantes para el Govern;
-
tercero,
porque creo que la consulta persigue un objetivo distinto a la independencia,
cual es la reforma constitucional para hacer de España un Estado federal o, en
todo caso, de no haber voluntad política para esto, negociar con Cataluña un
convenio económico como el navarro o un concierto económico como el vasco;
-
cuarto,
porque sabríamos para unas cuantas generaciones cuál es el sentir de los
catalanes sobre su adherencia a España;
-
y
quinto, porque facilitar la consulta popular aumentaría la participación en la
misma y creo que, en ese caso, la respuesta mayoritaria de los catalanes sería
la preferencia por un Estado no independiente; la persistente negativa del
Gobierno central a facilitar la consulta solo hace que aumenten los partidarios
de la independencia.
La única razón para entender la negación
del Gobierno central a facilitar la consulta es la gestión de una hipotética
respuesta mayoritaria al Estado catalán independiente. Pero, en este caso,
pienso que habríamos avanzado mucho porque sabríamos definitivamente que ese
resultado sería la respuesta del pueblo catalán a un encaje constitucional
insatisfecho en el Estado español, lo cual debería motivar inmediatamente una
negociación con Cataluña (para optimizar su financiación y, quizá, su Estatut) o, mejor aún, provocar una
reforma constitucional para hacer de España un Estado federal que, creo, es la
mejor opción de todas, tal y como proponen la mayoría de las formaciones
políticas de izquierda.
Un estupendo artículo amigo Francí. La explicación es muy comprensible y clara. Gracias por esa labor explicativa que realizas para que podamos entender cuestiones que resultan difíciles de comprender.
ResponderEliminarLo dicho, estupendo y magnífico artículo amigo Francí.
Recibe un muy fuerte abrazo.
Menudo artículo que te ha quedado ! Lo has bordado .
ResponderEliminarmuy bueno y claro y me alegro que hayas escrito sobre este tema.
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