Publicada en la edición impresa del diario PÚBLICO del día 12 de julio en la sección de Opinión-Lectores.
Ha habido un pronunciamiento extremadamente grave por parte de la dirección nacional del PP: que el Presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, no dimitirá de su cargo ni aunque resulte condenado por sentencia judicial y que, llegado el caso, recurrirán progresivamente dicha sentencia hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta afirmación sitúa al principal partido de la derecha española fuera del sistema político, pues no confía ni en la Administración de Justicia ni en nuestro ordenamiento jurídico. Cualquier formación política que asuma como propia la defensa numantina de un condenado entre sus filas se coloca en esa tesitura de partido antisistema, pues es capaz de cuestionar la raíz del Derecho antes que cuestionar la ética de sus militantes. Un partido de gobierno no puede recorrer hasta el final la trayectoria judicial de ninguno de sus miembros, pues asume el riesgo de ser identificado con la actitud que conlleva la conducta tipificada como delito. El líder del PP, Mariano Rajoy, debería saber a estas alturas que en política nadie es imprescindible y que por encima del aprecio o interés de las personas debe prevalecer la credibilidad del proyecto y del partido. Lo contrario convierte al líder en un simple títere o rehén de miedos o favores.
© Francí Xavier Muñoz, 2009
Cartas al Director y un grito desesperado. Vol. III
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