La decisión del gobierno italiano
de Mario Monti de recuperar el Impuesto de Bienes Inmuebles (ICI), excepto para
la Iglesia, está provocando de nuevo la indignación entre los italianos,
visible sobre todo en la hiperactividad de las redes sociales. La medida,
además de injusta, es polémica, pues la Iglesia católica es propietaria de
entre un 20% y un 30% del patrimonio inmobiliario italiano. Sin embargo, no
solo se privilegia a la Iglesia con la exención de este impuesto, sino que
también se privilegia a las demás confesiones religiosas, a las embajadas, a
las fundaciones líricas, a los cines, a las ONG y a las organizaciones internacionales,
todas ellas exentas de pagar el ICI. Se comprende la indignación ciudadana,
máxime cuando se exige a los italianos un duro ajuste en sus economías
familiares, ajuste que sigue teniendo como destinatarios principales a los
componentes de las clases medias y populares. Sin embargo, en éste como en tantos
casos, habría que aplicar la virtud aristotélica del justo medio entre dos
defectos. No es de recibo que estas entidades no paguen este impuesto, aunque
también es comprensible que, dada la dimensión de los edificios que ocupan y la
función social que desempeñan, paguen un tipo fijo valorado en un tope máximo
de metros cuadrados.
© Francí Xavier Muñoz, 2011
A babor y a estribor
Cartas al Director y un grito desesperado. Vol. IV
