Algunos jerarcas de la Iglesia católica española y del Vaticano siguen despreciando la Constitución española, y con esa actitud siguen demostrando lo incómodos que se encuentran en un régimen democrático. Todavía no digieren el Art. 16, que prescribe a España como Estado aconfesional y, por lo tanto, dispone que ninguna religión tendrá carácter estatal, lo cual quiere decir que en la esfera de lo público el Estado no puede manifestar predilección por ninguna confesión religiosa, y en dicha esfera se encuentran, sin duda, la escuela pública y los actos estatales. Además de exigirles a dichos jerarcas respeto a las sentencias judiciales hay que exigirles respeto a la Constitución. En sus escuelas privadas o concertadas nadie se inmiscuye, así que a ver si dejan ellos de entrometerse en lo que no les compete por mandato constitucional. Otra cosa es que el Estado establezca mejores relaciones de cooperación con la Iglesia católica, en función de la creencia mayoritaria de los españoles, como dice la norma fundamental. Son cosas bien distintas. Por cierto, en el País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía hace décadas que comenzó la retirada de símbolos religiosos en las escuelas públicas. ¿Por qué no dieron la batalla entre 1996 y 2004?
© Xavier Muñoz, 2008
Cartas al Director y un grito desesperado. Vol. III
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