Educación para la Ciudadanía se objeta por la presión que algunas organizaciones radicales católicas -junto con el apoyo del PP allá donde gobierna- han ejercido sobre juzgados y tribunales en su particular lucha contra la homosexualidad y el aborto. Ahora, el Tribunal Supremo entra a valorar si determinados contenidos desbordan el marco de la Constitución. El más alto Tribunal ya se pronunció sobre el aborto y, hoy, la ley que lo regula es plenamente constitucional. Lo demás son objeciones ideológicas. Y la homosexualidad y los derechos que le son inherentes se encuadran en el marco del Art. 14 de la Constitución, que prohíbe, entre otras, la discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. El Estado tiene el deber de educar para que se respeten, aunque no se comprendan, ésta y cualquier otra opción de vida constitucional. Si el Tribunal Supremo falla a favor de la objeción de conciencia al Gobierno le queda una salida: implantar una asignatura obligatoria que enseñe sólo los derechos y deberes fundamentales, así como los principios y valores reconocidos y protegidos por nuestra Constitución, e implantar otra asignatura, opcional a la de Religión, que se fundiera con la ya existente de Ética y que incorporara Ciudadanía.
© Xavier Muñoz, 2009
Cartas al Director y un grito desesperado. Vol. III
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