Publicada en la edición impresa del diario PÚBLICO del 24 de junio en la sección de Opinión-Cartas de los lectores.
La detención de El Rafita, uno de los viles asesinos de la joven Sandra Palo, pone de manifiesto que nuestro sistema judicial y penitenciario adolece de excesivas garantías para delincuentes con crímenes a sus espaldas que hacen muy difícil su reinserción en la sociedad. Cierto es que la Constitución obliga a que ésta sea el objetivo de la pena de prisión; pero no es menos cierto que, en muchas ocasiones, los jueces de vigilancia se apresuran a conceder regímenes carcelarios o beneficios penitenciarios a presos que, por la característica del crimen cometido, demuestran una especial predilección para el delito, como es el caso de este chico que, con apenas 20 años, ya ha violado, atropellado, matado, quemado y, ahora, robado. Ha pasado sólo cuatro años internado y, en cuanto se le ha concedido la libertad vigilada, ha vuelto a delinquir, lo que debería suscitar una reflexión profunda a nuestros legisladores, pues no es el primer caso, ni será el último, que suceda. Ciertos crímenes, por su gravedad, por su preparación, por su ensañamiento, deberían conllevar la suspensión de todo beneficio penitenciario y reducción del régimen carcelario hasta transcurrida, al menos, la mitad de la condena, pues con el sistema actual la sociedad sigue estando indefensa ante estos criminales.
© Francí Xavier Muñoz, 2009
Cartas al Director y un grito desesperado. Vol. III
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Solicitud Provisional. F: 22/06/2009. H: 02.00
Dí que sí.
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