Publicada en la edición impresa del diario PÚBLICO del día 24 de septiembre, en la sección de Opinión-Cartas de los lectores, con el título de Financiación del PP valenciano. Publicada también en el diario digital EL PLURAL del mismo día, en la sección de Tribuna Libre.
El Tribunal Superior valenciano decidió no estimar un informe de la Brigada de Blanqueo que contenía numerosos indicios sobre una supuesta financiación irregular del PP, ocultando además la existencia de este informe la Sala de lo Civil y Penal que rechazó la apertura de esa línea de investigación. La decisión del Tribunal Superior, sin embargo, podría incurrir en la vulneración del art. 25 de la Constitución pues, según el mismo, todos tenemos derecho a obtener la tutela de jueces y tribunales en el ejercicio de nuestros derechos e intereses, sin que pueda producirse indefensión. ¿Cómo podemos ejercer nuestro derecho a saber si se ha desviado dinero público a la financiación de un partido político, si el tribunal encargado de investigar no lo hace, a pesar de este informe, por amistad manifiesta entre su presidente y el del gobierno autonómico? Aún así, el Consejo General del Poder Judicial puede revisar la escandalosa decisión del Tribunal Superior valenciano, si aquél cumple con la función de inspección que tiene encomendada por la Constitución y la ley orgánica que lo regula. También el Ministerio Fiscal debería actuar en este caso, velando por la independencia de los tribunales, tal y como le requiere el art. 124 de la Constitución. ¿Alguno cumplirá con su deber?
© Francí Xavier Muñoz, 2009
A diestra y siniestra
Cartas al Director y un grito desesperado. Vol. III
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