Si al Gobierno de España le faltaba alguna medida económica difícil de justificar, el Ministerio de Asuntos Exteriores aporta una más: la concesión de la protección subsidiaria a los 75 disidentes cubanos llegados a España y a sus familiares, lo que conlleva la concesión del permiso de trabajo y residencia, que permite asimismo la obtención de la nacionalidad a los dos años. A una media de tres familiares por disidente, esto supone la incorporación de unos 300 nuevos ciudadanos al mercado laboral español. Desde el punto de vista humanitario, nada que reprochar a la gestión del ministro Moratinos, pero desde el punto de vista económico, dada nuestra tasa de paro, la más elevada de la Unión Europea, se podía haber realizado esta gestión con un poco menos de la habitual precipitación que aflora cuando importa más el brillo que la consistencia. Es decir, se podía haber implicado en la recepción de los disidentes cubanos a unos cuantos países de la Unión Europea y de Latinoamérica, ya que España ocupa ese lugar tan intermedio entre una y otra zona. Y, también, se podía haber exigido al Vaticano una mayor implicación para convencer a otros países católicos de la bondad y necesidad de hacer un esfuerzo para acoger a algunos disidentes y sus familiares.
© Francí Xavier Muñoz, 2010
A diestra y siniestra
Cartas al Director y un grito desesperado. Vol. III
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