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Es indecente que un Gobierno democrático identifique los intereses generales de los ciudadanos con los intereses particulares de unos accionistas. Y eso es lo que hace el Gobierno de España cuando amenaza con tomar represalias contra Argentina, como país, por la expropiación de YPF. Este conflicto es mercantil y, por tanto, debe resolverse en las instancias adecuadas, con toda la ayuda diplomática y administrativa que el Gobierno quiera prestar, pero sin creerse accionista mayoritario, porque no lo es. Bien es verdad que el Gobierno español en este caso actúa en la línea de los gobiernos conservadores europeos, que implementan políticas para favorecer a los mercados antes que a los ciudadanos. Por otro lado, la expropiación argentina de YPF, tras la tímida reacción estadounidense, hace prever la entrada de nuevo capital extranjero para explotar los yacimientos recientemente descubiertos y para los que, al parecer, Repsol no tiene la tecnología necesaria. Hubiera sido más comprensible que Argentina, antes de expropiar, hubiera obligado a Repsol a aliarse con alguna petrolera que dispusiera de esa tecnología. Ahora toca que Repsol defienda sus intereses allí donde sea pertinente, pero no que el Gobierno de España sea juez y parte, porque no es ni lo uno ni lo otro.
© Francí Xavier Muñoz, 2012
A babor y a estribor
Cartas al Director y un grito desesperado. Vol. IV
Guerra contra Argentinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
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