La presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, insatisfecha con desprestigiar al Estado de Derecho en tiempos de Zapatero, acusando a éste de orquestar un Estado policial, se descuelga ahora con una propuesta populista: la reducción a la mitad de los parlamentarios regionales y la supresión de su sueldo, que no de sus dietas variables.
La propuesta se encarama a la ola
neoliberal que recorre Europa y que encuentra en ciertos gobiernos a los
surfistas más entusiastas, de quienes tenemos buena muestra en alguno de
nuestros mares gubernamentales: Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de
Santamaría, Esperanza Aguirre, etc. Sin embargo, esta propuesta esconde, en
realidad, las convicciones que la motivan, que no son otras que el
descreimiento en la democracia representativa y la oferta electoralista falsaria.
La presidenta de Castilla-La Mancha
justifica su propuesta en el cumplimiento del déficit autonómico. Sin embargo, dicha
justificación se compadece muy mal con una de las primeras medidas que tomó
Dolores de Cospedal en cuanto fue investida presidenta: la subida de los
sueldos de los consejeros y altos funcionarios del Gobierno autonómico. También
se compadece muy mal dicha justificación con la acumulación de sus tres
sueldos: el de presidenta regional, el de senadora y el de secretaria general
del PP. Por lo tanto, dicha justificación no es creíble, pues su propuesta no
va acompañada de ninguna reducción salarial para los miembros del Gobierno
autonómico ni de ninguna renuncia a alguno de sus relevantes sueldos.
Pero es que, además, su propuesta pone de
manifiesto el concepto autoritario que de la democracia representativa tienen
los políticos neoliberales pues, de materializarse dicha propuesta, la dedicación
de los parlamentarios regionales a las tareas legislativas ya no sería a tiempo
completo, lo cual reduciría su función a la de meros portadores de votos
afirmativos o negativos para los proyectos legislativos que el Ejecutivo
autonómico presentara a las Cortes castellano-manchegas. Este objetivo podría
ser, en última instancia, el que se persiguiera con esta propuesta pues, al
compatibilizar la actividad privada con la parlamentaria, se iría reduciendo
esta última –con el consiguiente argumento de la necesidad de reducción de costes-
hasta suprimir las dos funciones esenciales asignadas a cualquier poder
legislativo democrático, que no son otras que la elaboración de las leyes y el
control al poder ejecutivo.
Pero es que tampoco la medida ahorraría
dinero a los contribuyentes castellano-manchegos, pues si ahora los
parlamentarios regionales cobran un complemento fijo en su salario como ayuda
para dietas de alimentación y desplazamiento, éstas se incrementarían
considerablemente cuando se abonaran por cada asistencia a plenos y comisiones,
que sería la única retribución que cobrarían los parlamentarios. Si en la
actualidad la mayoría de éstos residen en Toledo -sede de las Cortes
autonómicas- la propuesta de Cospedal no supondría ningún ahorro sustancial,
pues los diputados de Guadalajara, Cuenca, Albacete y Ciudad Real se
desplazarían más a menudo a la capital castellano-manchega, con la consiguiente
pernoctación hotelera, ya que los plenos y comisiones se fijarían en horario
vespertino para facilitar, así, su compatibilización con la actividad
profesional privada de los diputados. Además, una fórmula perversa para que éstos
cobraran finalmente una cantidad similar a la que cobran ahora, sería la
asignación de más plenos y comisiones de los que hay en la actualidad, así que estoy
casi seguro de que, al final, no se reduciría el gasto público por este
concepto. Eso sí, Dolores de Cospedal quedaría muy bien de cara a la galería y
a sus electores actuales y potenciales, que es lo que en el fondo pretende con
esta propuesta populista.
La idea, en general, de reducir los
parlamentarios a la mitad y suprimirles el sueldo fijo, eximiéndolos de una
dedicación exclusiva, revela la concepción autoritaria del poder democrático
que tienen los políticos neoliberales ya que esta propuesta –que no reduciría
el déficit- lo que sí reduciría sería el poder legislativo en beneficio
exclusivo del poder ejecutivo. A los políticos neoliberales les sobra la
discusión parlamentaria, el farragoso procedimiento de argumentación de
proyectos legislativos y de tramitación de enmiendas; a los políticos
neoliberales les sobra el control parlamentario del poder ejecutivo, las
sesiones de control al Gobierno, las preguntas e interpelaciones
parlamentarias, las comisiones de investigación, etc. A los políticos neoliberales
les sobra todo eso pues, en el fondo, creen a pie juntillas en el actual modelo
chino o en el pasado modelo chileno: economía de mercado y autoritarismo
político.
Se puede reducir el sueldo de los diputados
autonómicos; se puede reducir el sueldo de los miembros del Gobierno autonómico;
se puede reducir tanto el número como la remuneración de los asesores de dicho
Gobierno; se puede prohibir la compatibilización de cargos públicos; se pueden
limitar los mandatos; se pueden reducir los coches oficiales e, incluso, bajarlos
de gama; se puede exigir dedicación plena al poder ejecutivo y legislativo, sin
dietas para desplazamiento; se puede cobrar el IBI a la Iglesia ; se pueden imponer
impuestos regionales a las grandes empresas y a los grandes patrimonios; se
pueden incluso suprimir los canales de televisión autonómicos… pero si se reduce
en cantidad y en calidad el poder legislativo, se dará el primer paso para
reducir la democracia representativa a una democracia ejecutiva, con mayores
competencias para el Gobierno, que impondría su hegemonía total sobre el
Parlamento. Y una vez dado el primer paso, ¿quién nos dice que el siguiente no sería
la supresión total del poder legislativo?
Así, el neoliberalismo terminaría por
liquidar al liberalismo, renunciando a uno de sus sacrosantos principios: el
parlamentarismo. No sería el primer principio liberal sacrificado en la hoguera
neoliberal pues esta ideología propugna, como sabemos, la hegemonía económica
de las grandes corporaciones, que suelen expulsar del mercado a los
competidores inferiores, lo que liquida también otro de los sacrosantos
principios liberales, el de la economía de ¿libre? mercado. Si el politólogo Giovanni
Sartori, nada sospechoso de antiliberalismo, se posiciona en contra de la
democracia telemática porque, entre otras cosas, reduce el espacio público de
la soberanía, al reducir el espacio público de debate, ¿qué pensaría de la
propuesta de esta insigne neoliberal, Dolores de Cospedal, propuesta que
pretende reducir a su mínima expresión a los representantes del pueblo que
conforman la voluntad del Estado, es decir, que elaboran las leyes que regulan
nuestra convivencia?
El maestro Leonard Cohen decía en una de
sus canciones: first we take Manhatan,
then we take Berlin. Ahora el neoliberalismo parece que se ha propuesto
asaltar el Estado del bienestar y, después, el Estado democrático.
Xavier for president
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