PSOE y PP firmaron en la legislatura 2000-2004 el Pacto por la Justicia que, entre otras cosas, fijaba un sistema nuevo para proponer a los jueces y magistrados que tenían que ocupar doce de las veinte vocalías del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ese sistema obligaba a las Cortes Generales a elegir esos doce vocales de entre una lista presentada por las asociaciones judiciales y por los jueces no asociados (Ley Orgánica 2/2001 sobre composición del CGPJ). Resulta que los jueces no asociados son la mitad de los que hay en activo y se han presentado candidatos con los avales necesarios, pero finalmente las Cortes sólo han elegido a los doce vocales de entre los presentados por las asociaciones judiciales. No se vulnera la ley, porque ésta habla de candidatos y no de vocales electos, pero sí se vulnera el espíritu de la ley porque ¿de qué sirve permitir a los jueces no asociados proponer candidatos si, al final, las Cortes sólo van a elegir a los asociados? Se prima, así, la asociación de los jueces, que no es otra cosa que primar la adscripción ideológica de los mismos. Luego nos extrañará que las promociones y sanciones que aplica el CGPJ tengan un sesgo partidista, como se ha demostrado en la escandalosa resolución sancionadora del juez Tirado.
© Xavier Muñoz, 2008
Cartas al Director y un grito desesperado. Vol. III
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