Nos enteramos de que el Congreso de los Diputados aplica de forma laxa y opaca la Ley Electoral, en materia de incompatibilidades, autorizando la compatibilidad del escaño con el desempeño de la abogacía o asesoría, siempre que éstas no incurran en tratos con la administración pública. Asistimos a una de esas contradicciones en las que incurren muchas veces no las leyes, sino quienes las interpretan y aplican, pues resulta paradójico que un Congreso, que aprueba una ley, exima de su cumplimiento a quien lo solicite, cuando la norma exige, en su Art. 157, “dedicación absoluta” a las tareas de diputado. Lo más grave es que se va a ampliar el número de autorizaciones a compaginar actividades privadas y que la Comisión del Estatuto del Diputado delibera e informa con absoluto secretismo. ¿No se vacía de contenido un precepto que nació con espíritu de transparencia y decoro, para asegurar no sólo la honradez de los diputados, sino también su apariencia? Nuestros políticos y jueces nos reclaman el cumplimiento estricto de las leyes, pero con demasiada frecuencia ellos las interpretan y aplican a su antojo, lo cual hace bueno el dicho de que “hecha la ley, hecha la trampa”, del que al menos nuestros representantes públicos deberían huir espantados.
© Xavier Muñoz, 2008
Cartas al Director y un grito desesperado. Vol. III
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