MI OPINION - Mantenimiento del culto

En el magnífico reportaje de Juan G. Bedoya, titulado “Tranquilos: el pecado no es delito”, publicado en la edición de El País del 24 de abril, se dice que “de entonces [la Guerra Civil española de 1936-39] permanece la idea episcopal de que (...) el Estado debe cargar con el sostenimiento de esa confesión [la católica]”. Nada más lejos de mi intención que justificar en algo al régimen franquista, pero hay que puntualizar que los obispos y Franco no inventaron nada nuevo al respecto, pues esa idea episcopal se había introducido ya en la legislación española del siglo XIX. El Concordato con Roma de 1851 establecía la obligación estatal de mantener al clero secular. También el Art. 21 de la Constitución de 1869 declaraba como obligación de la nación el mantenimiento del culto y de los ministros de la religión católica. Lo que sí ha retomado la actual jerarquía católica española es esa tradición que se instaló especialmente a partir de la Constitución de 1876: denunciar permanentemente un sentimiento de recelo y persecución hacia la Iglesia por parte de la sociedad, mientras que, en la práctica y en la legislación, aquélla sigue disfrutando de una situación de privilegio dentro del Estado. Hay cosas, como vemos, que por mucho tiempo que haya pasado, no cambian.


© Xavier Muñoz, 2009
Cartas al Director y un grito desesperado. Vol. III

Reg. Terr. Propiedad Intelectual Com. Madrid
Solicitud Provisional. F: 24/04/2009. H: 21.15

MI OPINION - Reivindicaciones salariales

Algún día, una vez superada la crisis actual, CCOO y UGT, sindicatos reconocidos como agentes sociales por los gobiernos, las patronales y los partidos políticos, se deberían plantear una acción sindical conjunta por la mejora de los salarios en España, que incluyera dos reivindicaciones básicas que, hasta ahora, se negocian en el ámbito de los convenios colectivos o en el de las empresas: 1º. El reconocimiento, dentro del Estatuto de los Trabajadores, del derecho a un incremento salarial equivalente, como mínimo, a la subida del IPC, en todos los sectores y empresas, pues el Estatuto opera como Ley Orgánica y es de obligado cumplimiento. Se lograría, así, reconocer por ley el derecho a incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores en función del aumento del coste de la vida. 2º. Reducir la diferencia entre los salarios que remuneran puestos de trabajo cualificados y no cualificados. Dicha reducción se podría implantar estableciendo por ley un límite al tramo de diferencia entre el salario no cualificado más alto en la empresa y el salario cualificado más bajo y, de la misma forma, entre los salarios de las diferentes categorías profesionales, cualificadas y no cualificadas, en la empresa. ¿Quién dijo que no queda tajo en la acción y reivindicación sindical?


© Xavier Muñoz, 2009
Cartas al Director y un grito desesperado. Vol. III

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Solicitud Provisional. F: 24/04/2009. H: 06.30

CARTAS AL DIRECTOR - Antinacionalismos (El Periódico, 23/04/2009)

LA ACTIVIDAD POLÍTICA
Antinacionalismos
Xavier Muñoz
Madrid

Durante la última legislatura, el PP despotricó contra los nacionalistas. Siempre lo hace cuando no los necesitan para gobernar y, con el mismo descaro, los elogia cuando necesita sus votos. Esa es una diferencia sustancial en relación con la izquierda. Ni el PSOE ni IU despotrican por sistema contra los nacionalistas ni cuando los necesitan ni cuando les sobran. Por su parte, el PNV y CiU han hecho lo mismo con el PP. Ahora, sin embargo, vemos cómo Rajoy tiende la mano al PNV y a CiU en el Congreso y estos se la recogen para aislar al PSOE.Aún tengo fresca la imagen de Duran Lleida diciendo a la bancada popular del Congreso aquello de "no cuenten con nosotros por tres generaciones". Y también está fresca en mi memoria la negativa recurrente de Aznar de recibir a Ibarretxe en la Moncloa. Conclusión: la derecha siempre va a lo suyo, que es tener el poder, cabrearse cuando no lo tiene y maquinar con quien sea para tenerlo, aunque esto último vaya contra sus principios.

MI OPINION - Igualdad ante la ley

Publicada en la edición impresa del diario PÚBLICO del día 26 de abril, en la sección de Opinión-Lectores.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, se han ilegalizado en España diversas formaciones vascas que incurrían en los supuestos señalados en el Art. 9 de dicha ley. Lo incomprensible, a tenor de dicho precepto, es que la Fiscalía del Estado no haya promovido procesos de ilegalización para la mayoría de formaciones políticas de extrema derecha, que incurren igualmente en dichos supuestos, por su ideología racista y xenófoba. Dice el Art. 9.1 de la LO 6/2002 que “los partidos políticos deberán respetar los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos”. La ideología y las manifestaciones públicas de las formaciones de extrema derecha, en su consideración hacia los extranjeros, son contrarias a esos valores, principios y derechos. La misma ley, en su Art. 9.2, dice que “un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos (...) mediante alguna de las siguientes conductas (...): a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando (...) la exclusión o persecución de personas por razón de su (...) nacionalidad, raza (...)”. ¿Por qué algunos partidos políticos no son iguales ante la ley?


© Xavier Muñoz, 2009
Cartas al Director y un grito desesperado. Vol. III

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Solicitud Provisional. F: 21/04/2009. H: 21.50

mi reflexión | ¿incumplimiento de ley?

Publicado en IZQUIERDA DIGITAL el 07-08-2011
http://www.izquierdadigital.es/articles/382--Incumplimiento-de-ley-.asp

En cumplimiento de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, se han ilegalizado en España diversas formaciones vascas que incurrían en los supuestos señalados en el Art. 9 de dicha ley. Lo que resulta incomprensible, a tenor de dicho precepto legal, es que la Fiscalía General del Estado no haya promovido procesos de ilegalización para la mayoría de formaciones políticas de extrema derecha, que incurren igualmente en dichos supuestos, por su ideología racista y xenófoba. Dice el Art. 9.1 de la LO 6/2002 que “los partidos políticos deberán respetar los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos”. La Constitución española, en su Art. 13.1, dice que “los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título Primero de la Constitución, sobre derechos y deberes fundamentales, en los términos que establezcan los tratados y la ley”. Y en su Art. 10.2, la Constitución dice que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”, todos ellos contrarios a planteamientos racistas y xenófobos. La ideología y las manifestaciones públicas de las formaciones de extrema derecha, en su consideración hacia los extranjeros, son evidentemente contrarias a los valores constituciones expresados en los derechos humanos, a los que obliga el Art. 9.1 de la Ley de Partidos Políticos. Pero hay más. La misma ley, en su Art. 9.2, dice que “un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos (...) mediante alguna de las siguientes conductas (...): a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando (...) la exclusión o persecución de personas por razón de su (...) nacionalidad, raza (...)”. ¿Por qué a unos partidos se les aplica esta ley y a otros no? ¿No dice la Constitución, en su Art. 14, que todos los españoles somos iguales ante la ley? ¿Por qué algunas formaciones políticas, todavía hoy, no lo son ante la LO 6/2002?

© Francí Xavier Muñoz, 2009
Cuitas e ideas de un soñador desvelado. Vol. I