La reivindicación de los trabajadores de Metro de Madrid es justa, pues el recorte salarial que fija el Decreto 8/2010 del Gobierno central excluye a los trabajadores públicos (que no funcionarios) de las empresas sujetas a negociación colectiva, lo que se ha saltado a la torera el Gobierno autonómico de Madrid, fijando un recorte del 5% de los salarios de estos trabajadores, incumpliendo así el convenio colectivo ya firmado. Ahora bien, dado el perjuicio que a otros muchos trabajadores causa el incumplimiento de los abusivos servicios mínimos, cabe preguntarse si el comité de empresa de Metro podía haber demandado judicialmente el incumplimiento de convenio, a la vez que convocaba la huelga, y luego haber demandado, también, la fijación de los servicios mínimos, mientras la iniciaba, cumpliéndolos de momento. Cabe preguntarse si se han agotado todas las vías antes de recurrir a esta medida extrema, sobre todo porque a los sindicatos convocantes no se les puede escapar que las huelgas en servicios públicos muestran las, muchas veces, irreconciliables caras de quienes son, a la vez, trabajadores y usuarios, pues se establece la dialéctica entre la solidaridad y el compromiso del yo trabajador y el individualismo y la comodidad del yo usuario. ¿Quién prevalecerá?
© Francí Xavier Muñoz, 2010
A diestra y siniestra
Cartas al Director y un grito desesperado. Vol. III
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