Para justificar la ampliación de las causas económicas del despido procedente -que introduce el decreto de reforma laboral- el Gobierno ha hecho suyo el discurso de la patronal, que consistía en denunciar la desproporción en el uso del despido exprés -con reconocimiento de la improcedencia del despido- para evitar, así, la jurisprudencia interpretativa de dichas causas económicas, que se decantaban mayoritariamente a favor del trabajador. Sin embargo, en ese argumento interesado se ocultaba, también, la imposibilidad de demostrar dichas causas económicas por parte de las empresas, pues muchos despidos se intentaban disfrazar de objetivos cuando no lo eran. El Gobierno alega que la reforma laboral incorpora la jurisprudencia que venía dictándose para estos despidos, pero hete aquí que el Tribunal Supremo justifica estos despidos cuando se acredita la existencia de pérdidas persistentes en la empresa. Y, sin embargo, el Gobierno, en su decreto de reforma, prefiere no exigir la acreditación de esas pérdidas persistentes, sino dar un amplio margen a las empresas para justificar una situación económica negativa. Lo que se esperaba de un Gobierno supuestamente socialdemócrata era, precisamente, que concretara en la legislación las causas económicas para estos despidos, y que lo hiciera equilibrando la balanza entre empresarios y trabajadores. Pero ha hecho justo lo contrario: permitir a las empresas un margen mayor que los jueces no puedan discutir, en perjuicio de los trabajadores. Y, para colmo, ahora el ministro de Trabajo, recién llegado al liberalismo que imprime el Ministerio de Economía, se opone a que el Congreso elabore una casuística para los despidos objetivos por causas económicas. Vaya trance el de Celestino Corbacho: de ser alcalde de una localidad catalana de amplia clase trabajadora a ser el ministro que firma una de las reformas laborales más agresivas contra la clase trabajadora. Ver para creer.
© Francí Xavier Muñoz, 2010
A diestra y siniestra
Cartas al Director y un grito desesperado. Vol. III
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