http://www.izquierdadigital.es/articles/393-Fundamentalismo-en-Poyales-del-Hoyo---Para-que-luego-digan-que-decimos.asp
Lo sucedido en Poyales del Hoyo (Ávila) demuestra que dentro del PP hay una corriente de derecha extrema que, a veces, actúa de manera individual y, otras veces, actúa de manera coordinada. La decisión del alcalde de Poyales, Antonio Cerro --recién vencedor en las elecciones del 22-M-- de exhumar los restos de diez represaliados en la Guerra Civil para enterrar el de uno de ellos en una sepultura familiar, inhumando de nuevo los otros nueve en una fosa común, ha levantado los ánimos de los familiares de dichos represaliados, de las asociaciones por la recuperación de la Memoria Histórica y, finalmente, de todo el pueblo, que el domingo siete llegaba casi a las manos.
La decisión del alcalde es polémica, además de injusta, y ya veremos si es también arbitraria. Antonio Cerro decide, por la autoridad que le confiere un informe de la Diputación y su particular concepto del poder democrático, exhumar los restos de diez cuerpos que yacían enterrados en una tumba colectiva, tras muchos esfuerzos de familiares y foros por la Memoria Histórica. Ya en un primer entierro, la anterior alcaldesa, también del PP, se opuso inicialmente a la cesión de espacio dentro del cementerio municipal de Poyales. Sin embargo, se logró dar sepultura primero a tres víctimas de la represión franquista y, más adelante, a otras siete. Aunque compartían espacio subterráneo, el túmulo recordaba sus nombres, lo que devolvía el derecho al entierro digno a los diez represaliados por el bando nacional.
La insistencia de un familiar de uno de los represaliados por sacar su cuerpo de la tumba colectiva dio alas al alcalde de Poyales para consumar una nueva humillación, en línea directa con la infligida hace 75 años. Sin pedir autorización a sus familiares, el regidor Antonio Cerro decide inhumar los restos de los otros nueve cuerpos en una fosa común del cementerio, sin tumba ni nombres que den cuenta de la identidad ni de las circunstancias de sus fallecimientos, consumando la estrategia franquista del pasado: asesinar y borrar las huellas de la memoria. Su actitud vulnera los principios de la Ley de la Memoria Histórica, pues anula el enterramiento anterior llevado a cabo en aplicación de dicha ley y ningunea la voluntad familiar de mantener los restos en la tumba ya levantada o de enterrarlos en una nueva, si alguna circunstancia física o técnica aconsejara dicho cambio. Esto último es lo que argumenta el alcalde, pues dice haber encontrado la tumba llena de agua. Falaz argumento, sin embargo, cuando decide mantener como fosa común y no como tumba colectiva el nuevo emplazamiento de los restos.
Sin embargo, siendo estos hechos graves, quizá lo sean más estos otros: el mismo 22 de mayo, día del triunfo electoral del PP, el monolito que recordaba a tres de los represaliados fue profanado; un bisnieto de un represaliado recibió amenazas en las horas previas a la llegada de los reporteros de El País; y algunos testigos prefirieron no aparecer en el reportaje que dicho periódico publicó sobre el asunto el domingo 7 de agosto. Todo ello pone de manifiesto que, en algunas localidades, las heridas de la Guerra Civil no solo no se han cerrado sino que hay individuos que prefieren que sigan abiertas, manteniéndolas así gracias a sus conductas obstruccionistas, revanchistas y, desde luego, transgresoras del credo que dijeron defender los partidarios y continuadores del franquismo.
Todos estos hechos ponen también de manifiesto la ambigüedad y debilidad de la Ley de la Memoria Histórica, que deja a los familiares la iniciativa de exhumación de fosas comunes, previa autorización judicial, cuando debería ser el Estado el que procediera al digno enterramiento de todos los cuerpos esparcidos por el territorio nacional, así como también debería ser el Estado el que reivindicara sus nombres y reconociera públicamente el sacrificio de todos ellos. La Ley de la Memoria Histórica debería instar a las tres administraciones públicas a la localización de fosas comunes, exhumación de restos y enterramiento digno, así como también debería proveer a los fallecidos de uno y otro bando de la distinción de Víctimas de la Guerra Civil, con algún tipo de resarcimiento moral y memorístico por los daños colaterales ocasionados por aquella fatídica contienda.
Ojalá lo sucedido en Poyales no se repita y todas las fuerzas políticas representadas en los ayuntamientos colaboren en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, por perfectible que sea, evitando enfrentamientos inútiles entre vecinos. Pero también sería deseable que el PP llamara al orden a quienes dentro de sus filas actúan por cuenta propia, rememorando viejos comportamientos que, de validarse, solo conducirán a la reedición de una división ideológica que no debería tener ya cabida en la Historia.
Ojalá lo sucedido en Poyales no se repita y todas las fuerzas políticas representadas en los ayuntamientos colaboren en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, por perfectible que sea, evitando enfrentamientos inútiles entre vecinos. Pero también sería deseable que el PP llamara al orden a quienes dentro de sus filas actúan por cuenta propia, rememorando viejos comportamientos que, de validarse, solo conducirán a la reedición de una división ideológica que no debería tener ya cabida en la Historia.
© Francí Xavier Muñoz, 2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario