La celebración de la Diada en Barcelona ha sido todo un éxito hasta el punto de haberse convertido en la manifestación más numerosa de las celebradas en Catalunya desde 1977. Si bien corren serias dudas de que pueda ser una instrumentalización más de CiU para conseguir el Pacto Fiscal, hay que reconocer que, al menos, tres fuerzas políticas (CiU, ERC, ICV) han dado un serio paso adelante: declarar abiertamente su apuesta por la independencia de España. Esta reivindicación legítima choca, sin embargo, con la legalidad vigente y este es el dilema que a partir de ahora estas tres formaciones tendrán que intentar resolver. Este es el nuevo tiempo histórico que se inicia hoy entre Catalunya y España.
La Constitución de 1978 parece clara al respecto:
el pueblo español, titular de la soberanía nacional, se organiza en el Estado
español, como Estado social y democrático de Derecho. La Constitución se
fundamenta en la unidad de la Nación española (con mayúscula), patria
indivisible de todos los españoles, es decir, del pueblo español. Vemos, por
tanto, que la Nación española es el pueblo español organizado en Estado, que
tiene un territorio definido. La Constitución, asimismo, reconoce el derecho a
la autonomía –que no a la autodeterminación– de las nacionalidades y regiones
que integran la Nación española. Este reconocimiento constitucional a la
autonomía avala la oficialidad de las lenguas y banderas propias, así como unas
competencias políticas propias que se desarrollan en un ordenamiento jurídico y
en unas instituciones políticas llamadas autonómicas. Hasta aquí, todo normal,
pues es lo propio en un Estado compuesto, sea éste federal (EE UU, Alemania),
autonómico (España) o regional (Italia). Lo que no está reconocido expresamente
por la Constitución es el derecho a la autodeterminación (independencia o
soberanía), es decir, el derecho a formar un Estado propio, libre e
independiente, que se sume a la relación de los Estados oficialmente
reconocidos como tales por la ONU.
Por otro lado, parece un contrasentido que España
haya firmado convenios y tratados internacionales donde se reconoce el derecho
a la autodeterminación de los pueblos y, sin embargo, no reconozca la
autodeterminación a las nacionalidades y regiones que integran el Estado
español. En el concepto jurídico-político de pueblo se encuentra la explicación
de por qué una cosa y la otra son compatibles, pues la Constitución española no
reconoce más pueblo jurídico-político que el español, que alcanza su
configuración como Nación porque se ha organizado en Estado. Los pueblos a los
que los convenios y tratados internacionales reconocen el derecho a la
autodeterminación solo se pueden equiparar al pueblo español, no a los
catalanes, vascos o gallegos porque éstos no son pueblos jurídico-políticos
para nuestra Constitución, sino nacionalidades que forman regiones y que, eso
sí, tienen derecho a la autonomía política dentro del Estado español, ejercida
mediante su propio autogobierno.
Llegados a este punto, nuestra Constitución
confiere en su art. 8 a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar la
soberanía e independencia de España, la misión de defender su integridad
territorial (se puede entender que hacia fuera y hacia dentro) y la misión de
defender el ordenamiento constitucional. Por tanto, una declaración unilateral
de independencia de cualquier territorio que actualmente conforme una Comunidad
Autónoma se entendería como una violación de la integridad territorial de
España y de su ordenamiento constitucional. El Ejército tendría la misión de
regresar la situación a su punto anterior, aunque no por su cuenta y riesgo,
sino por orden del Gobierno central, pues en un sistema democrático el Ejército
está sometido al poder político. Sin embargo, siempre existiría el riesgo de
que, llegado el caso, hubiera militares que se adelantaran a cualquier orden
gubernamental.
Por tanto, sin forzar esta vía al
independentismo, solo queda la vía pacífica y democrática, de la ley a la
ley, en feliz expresión que se acuñara durante la Transición. Y esto es lo
que resulta realmente difícil y complicado en el actual contexto y,
seguramente, en el inmediatamente futuro. Porque, si se escoge este camino, hay
solo dos alternativas:
1. Convencer a los partidos estatales de
gobierno, PSOE y PP, de que ha llegado el momento de reformar la Constitución
para reconocer el derecho de autodeterminación a las nacionalidades y regiones
que integran el Estado español. O, también, que estos partidos se convenzan
solos. Ambos convencimientos son harto difíciles, por no decir imposibles, pues
un partido es centralista y el otro federalista.
2. Conformar una mayoría social cualificada, que
tenga su correlativa representatividad en el Parlament de Catalunya, que
demande el reconocimiento constitucional del derecho a la autodeterminación. Y
esto solo se logrará si las fuerzas políticas que lo defienden acuden a las
elecciones autonómicas con un programa electoral donde se fije abiertamente
esta demanda. Y, además, que dicha mayoría social sea cualificada, para lo que
a mi entender no basta una mayoría absoluta sino, al menos, una mayoría en
torno al sesenta por ciento de la población, la conocida mayoría jurídica de
tres quintos, que es la siguiente mayoría cualificada a la absoluta.
3. Aún así, una mayoría cualificada en el
Parlament de Catalunya solo podría ejercer presión en los partidos estatales de
gobierno para que éstos llegaran finalmente al convencimiento de que la
autodeterminación es un derecho y no una concesión, porque para reformar la
Constitución en su título Preliminar –que es donde se reconoce el derecho a la
autonomía de nacionalidades y regiones– hace falta una mayoría de 2/3 de
Congreso y Senado en dos legislaturas consecutivas, además de un referéndum, y
parece imposible que ese triple requisito se consiga fuera de Catalunya.
Sea como fuere, este es el camino pacífico y
democrático que tendrían que iniciar ahora los partidos que han secundado y
movilizado la Diada del 11 de septiembre de 2012. A escala local, y salvando
todas las distancias comparativas, puede que España tenga también su 11-S como
fecha que cambie el orden de las cosas o el curso de los acontecimientos, pero
esperemos que sin violencia de ningún tipo.
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Cuitas e ideas
de un soñador desvelado. Vol. II
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