Las elecciones autonómicas y/o
plebiscitarias en Cataluña han arrojado un resultado ambivalente. Por un lado,
las candidaturas independentistas han obtenido mayoría absoluta de escaños en
el nuevo Parlament, pero no la mayoría
de los votos a favor de su propuesta de secesión. Por otro lado, las
candidaturas federalistas o unionistas han obtenido la mayoría de los votos
pero no la mayoría absoluta de los escaños. Esta aritmética contradictoria, fruto
de un sistema electoral que sobre-representa a unas provincias y no a otras, genera
interpretaciones contrapuestas que ambos bloques se han apresurado a poner de
manifiesto.
Los principales candidatos de Junts pel sí fueron modificando su
discurso sobre el resultado necesario de las elecciones para su proyecto
independentista según iban avanzando los días de campaña electoral, a la luz de
las diversas encuestas que reflejaban una victoria para su candidatura, pero no
absoluta, necesitada por tanto del apoyo parlamentario que la CUP pudiera
ofrecerles. Así, pasaron de reclamar una doble victoria, en votos y en escaños,
a conformarse con una mayoría parlamentaria. Y en ese discurso cambiante han
llegado a la impostura de no contar los votos obtenidos por Catalunya sí que es pot porque, dicen
ahora, dicha candidatura no se ha postulado sobre la independencia, lo que no
es cierto pues su propuesta electoral consistía en celebrar un referéndum
vinculante sobre la cuestión o iniciar una reforma constitucional que encajara definitivamente
a Cataluña en España, lo que claramente situaba a esta candidatura fuera del
bloque secesionista en las elecciones del 27-S.
En cualquier caso, hay un aspecto para mí
crucial que los partidos federalistas o unionistas no han tenido en cuenta o no
han querido explicitar convenientemente y que creo tenían que haber situado en
el centro de la campaña electoral para no estar ahora con interpretaciones sui generis de los resultados de estos
comicios tan especiales. En el Derecho parlamentario existen varios tipos de
mayorías para aprobar determinadas cuestiones. Así, las leyes ordinarias se
aprueban por mayoría simple, las leyes orgánicas por mayoría absoluta, pero
ciertos nombramientos y reformas constitucionales requieren de la llamada
mayoría cualificada, que puede ser de 3/5 (entre un 66 y 67 % de los votos) o
de 2/3 (un 60% de los votos). En los Consejos europeos determinadas cuestiones
requieren de mayorías cualificadas incluso superiores. Creo que un referéndum
sobre la independencia de cualquier territorio no se puede validar con mayoría
absoluta (la mitad más uno de los votos) y, mucho menos, con mayoría simple
(más votos a favor que en contra). La secesión es una cuestión demasiado
sensible y conflictiva como para llevarla a cabo con una sociedad partida en
dos por la mitad. Pienso, por tanto, que esta cuestión sólo se puede validar
con una mayoría cualificada, y habría que ponerse de acuerdo con cuál de las
dos, si la de 3/5 o la de 2/3. Ahora, sin embargo, nos encontramos con una
interpretación partidista y sesgada de los resultados por parte de las
candidaturas separatistas que sólo pueden abocar a un escenario de conflicto
institucional y social. ¿De verdad creen estas opciones políticas que sólo con
un 48 % de los votos están legitimadas para abocar a Cataluña a un escenario
que no quieren el 52 % de los catalanes? ¿No se dan cuenta que con ese
resultado electoral no sólo el Estado español está legitimado para detener un
hipotético proceso separatista sino que, también, la sociedad catalana está
legitimada para frenarlo en la calle? ¿De verdad quieren conducir a los
catalanes a un enfrentamiento civil entre ellos y a un enfrentamiento
institucional con el resto de España?
Cierto es que, sobre todo, se ha llegado a
esta situación por culpa de un Gobierno central obcecado con el mantra de la
unidad y del Estado autonómico, sin iniciativa política para sentarse a negociar
una salida pactada, honrosa y decente para ambas partes. Sufrimos esta
incertidumbre por culpa de un Gobierno que ha negado un sentimiento
independentista –que no se puede negar- en un territorio muy importante para el
Estado español. Ningún dirigente occidental medianamente democrático habría
mirado para otra parte ante un reto de semejantes dimensiones. Pero aquí,
lamentablemente, nos preside un indolente que deja pudrir los asuntos
complicados hasta que la otra parte se cansa o da un puñetazo en la mesa. Pues
bien, la mitad de los catalanes han dado ese golpe con rotundidad. Sea cual sea
la solución ésta no pasa porque siga presidiendo el Gobierno de España el
actual inquilino de la Moncloa, don Mariano Rajoy Brey. Tampoco que siga Artur
Mas en el Palau de la Generalitat, pues los resultados cosechados no le
habilitan para continuar al frente de un Gobierno que no tiene la legitimidad
de los votos para iniciar un proceso de independencia, objetivo único de su
candidatura, y que tampoco cuenta con el apoyo de la CUP para ser investido,
algo que reiteró en la noche electoral el candidato a la Generalitat de dicha
formación, Antonio Baños. En este callejón sin salida, que definía el líder de
Podemos, Pablo Iglesias, lo mejor es que Artur Mas dimita y se convoquen nuevas
elecciones autonómicas, como defendía acertadamente Inés Arrimadas, de
Ciudadanos.
Y quizás esta conclusión lleve a muchos
españoles a meditar muy bien el voto en las próximas elecciones generales,
pensando no sólo en el interés general sino también en cómo se solventa el
conflicto catalán para no perjudicar dicho interés. Yo tengo claro que sólo un
Gobierno progresista podría desatascar este asunto, iniciando con decisión una
reforma de la Constitución para avanzar hacia la construcción de un Estado
federal que integre satisfactoriamente a todos los territorios que en tiempos
de los Austrias convivieron en una monarquía cuasi-federal que, aun sin
conceder la soberanía a dichos territorios, permitió un cierto autogobierno de
los mismos, precedente histórico del actual Estado autonómico español. Sólo un
Gobierno progresista podría desbrozar el camino enredado que el 27-S han
trazado los electores catalanes.
Muy buen artículo amigo Francí.
ResponderEliminarLo suscribo por entero.
Como bien dices hay temas que requerirían una mayoría bastante cualificada para adoptarse. Además del tema nacional por mi parte establecería mayorías cualificadas para tocar derechos de los trabajadores, educación, sanidad y bienestar social.
Hemos de avanzar hacia una democracia de calidad que no ha de estar al pairo de mayorías poco cualificadas, sino de mayorías muy cualificadas de, al menos 3/5. Todo lo demás de es dividir y crispar.
El articulo me ha encantado Francí Xavier Muñoz, pero la solución la tenemos en el pueblo, no en los políticos corruptos, solo piensan en enriquecerse a costa de los ,españoles que nos ha dejado esta dictadura franquista, la solución esta en los ciudadanos y obreros de España, salgamos a las calles a imponer nuestros derechos, libertades, crear un frente común para luchar contra estos fascistas malditos que están acabando con la soberanía de los españoles.Salud y República.
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