La irracional oposición de la derecha más radical a la asignatura Educación para la Ciudadanía llega al paroxismo de pretender impartirla en inglés (propuesta del presidente Camps en la Comunidad Valenciana), de instruir al profesorado en contra de la misma (como ha comenzado a hacer la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid) y de permitir la objeción de conciencia a dicha asignatura, según una reciente sentencia del Tribunal Superior de Andalucía. Actitudes todas ellas relevantes de una derecha extrema que históricamente se ha opuesto al progreso y a la instrucción de los ciudadanos en valores constitucionales y democráticos. Sin embargo, ya era hora de que un Gobierno tuviera el arrojo necesario para enfrentarse a los sectores más ultramontanos de la derecha española e implantara en nuestro sistema educativo una asignatura necesaria para educar a futuras generaciones en ese mínimo común denominador de valores de convivencia sociopolítica que ampara nuestra Constitución, al margen de las creencias religiosas que cada uno tenga, que el sistema educativo también ofrece y protege. ¿Por qué no se oponen algunos padres radicados en el extremismo católico a que sus hijos estudien Biología o Química, asignaturas que contradicen el principio cristiano de creación del Universo y del ser humano? Sencillamente, porque dichas asignaturas no suponen una toma de conciencia política ante el mundo. Y este es el peligro que quieren conjurar algunos padres, el de que sus hijos se contagien de la normalidad que supone la obligación constitucional de respetar otros modelos de identidad sexual, familiar o racial, por ejemplo. Porque de eso trata, precisamente, la asignatura Educación para la Ciudadanía, de dar a conocer -para aprender a respetar- aquellas actitudes y modelos diversos que están presentes en nuestra sociedad desde hace tiempo y que son visibles ya por derecho, aunque no se comparta en absoluto su filosofía de vida. Lo que no quiere entender la derecha radical de este país es que esta asignatura no impone un modelo de familia o actitud a nadie sino que da a conocer otros modelos que también tienen derecho a coexistir, derecho que, además, está amparado constitucionalmente. Como nunca ha entendido esta derecha radical que cada ley que amplía derechos tampoco impone modelos a nadie sino que protege y asegura los derechos de todos (legalización del matrimonio homosexual, por ejemplo). Coherente con esa actitud obstruccionista que caracteriza a este sector de la derecha radical, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha animado a infringir el art. 10 de la Constitución española (que hace del respeto a la ley uno de los fundamentos del orden político y de la paz social), invocando un derecho, el de la objeción de conciencia, que todavía no está regulado por ley (como mandata la Constitución en su art. 30.2) y que, por tanto, está al albur de lo que interprete cada juez o magistrado. Al fin y al cabo, la asignatura Educación para la Ciudadanía no hace sino dar cumplimiento al mandato constitucional recogido en el art. 27.2 de nuestra norma fundamental, que dice textualmente: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. ¿De dónde le viene el miedo a esta derecha radical cuando, además, gran parte de los contenidos de esta asignatura se configura en el ámbito autonómico (por ser la educación una competencia transferida) y en el ámbito editorial (para que los centros de enseñanza tengan variedad de temarios a elegir)?
© Francí Xavier Muñoz, 2008
Cuitas e ideas de un soñador desvelado. Vol. I
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