El pacto europeo de inmigración que quiere firmar el Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, al inicio de su presidencia semestral de la Unión Europea, choca con las pretensiones del Gobierno español en dos aspectos. Primero, la prohibición de las regularizaciones masivas. En este punto lleva razón el Gobierno español cuando afirma que basta un compromiso por parte de los gobiernos de no llevarlas a cabo, pero que tampoco deben atarse las manos por ley si en el futuro se diera alguna situación de emergencia que hiciera recomendable una regularización masiva, como ha demostrado la última llevada a cabo en España, del todo eficaz para aflorar una bolsa de cientos de miles de trabajadores ilegales que, en situación de irregularidad, reducían considerablemente los costes laborales de empresarios sin escrúpulos y sustraían cotizaciones para el mantenimiento de la Sanidad y Seguridad Social de todos los ciudadanos, nacionales y extranjeros. El segundo punto de desacuerdo, el famoso contrato de integración, presenta, sin embargo, algún aspecto positivo, que el Gobierno español debería tener en cuenta. Tal y como lo plantea el PP, en su totalidad, resulta inviable, pues sería discriminatorio exigir a los inmigrantes que paguen sus impuestos y cotizaciones (están obligados como el resto de los españoles y compete a la Administración del Estado perseguir dichos incumplimientos), trabajar activamente para integrarse (esto último no se consigue sólo con trabajo) y retornar a su país si carecen de empleo y medios (si han cotizado, evidentemente, tienen derecho a una prestación por desempleo y a buscar otro trabajo). Por el contrario, los otros dos puntos de esa propuesta del PP (respeto a los principios y valores constitucionales y aprendizaje de la lengua española) deberían considerarse para su debate, pues son dos medidas que, de implantarse, ayudarían mucho a la integración en la sociedad española de trabajadores inmigrantes no comunitarios, procedentes de sociedades y culturas con algunas costumbres y tradiciones tan distintas a las nuestras. El respeto a las costumbres, así en general, resulta pueril y estuvo mal planteado por el PP en la pasada campaña electoral. Pero no deberíamos hacerle ascos a ese concepto, si por costumbres entendemos exclusivamente las costumbres jurídicas más relevantes, dentro de las que se incluyen los principios y valores constitucionales, pero que no excluyen otras que forman ese mínimo común denominador por el que se rige la convivencia social en España. Al mismo tiempo, facilitar a los trabajadores extranjeros -en este caso, todos- el aprendizaje de la lengua española en sus aspectos básicos también ayudaría a que los inmigrantes se integraran más rápidamente, y no sólo para beneficio nuestro sino también para el suyo, pues tendrían a su alcance el instrumento más eficaz para el conocimiento y defensa de sus derechos individuales, sobre todo en el ámbito laboral y administrativo. Quizás el Plan de Ciudadanía e Integración 2007-2012, aprobado en la pasada legislatura, incluya estos dos aspectos concretos, lo que desconozco. Pero si no fuera así, debería reflexionarse su implantación, pues a mi parecer son dos medidas progresistas, aunque las haya planteado el PP, pues sólo como progreso entiendo yo una mejor y más rápida integración de los inmigrantes extranjeros, especialmente los no comunitarios.
© Francí Xavier Muñoz, 2008
Cuitas e ideas de un soñador desvelado. Vol. I
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