Lleva razón Felipe González cuando dice que el debate sobre los sueldos públicos de los ex presidentes de Gobierno y las remuneraciones privadas se suscita ahora que él se incorpora a la tradición inaugurada por Calvo-Sotelo y Aznar. Sin embargo, darle la razón en este aspecto a González no implica negar la necesidad de revisar una legislación que permite semejantes dislates, sobre todo cuando se imponen recortes a las clases trabajadoras, argumentando que son necesarios para reducir el déficit del Estado. En ese sentido, resulta apropiada la iniciativa de IU, ERC, BNG y UPyD para exigir una revisión de dicha normativa que impida la compatibilidad de ambos tipos de ingresos económicos. Y es reprobable el "de entrada, no" que ha manifestado el vicepresidente Pérez-Rubalcaba, máxime cuando estos grupos proponen suprimir la retribución pública -si hay otra privada- pero no los suplementos para seguridad, protocolo, viajes y oficina que, además, se asignan a los ex presidentes y que se entienden necesarios para su seguridad y representación. Esperemos que esa propuesta parlamentaria se extienda, también, a los ex presidentes autonómicos. Aunque Aznar y González se acojan a la legalidad vigente, sus posturas no resultan éticas ni estéticas. Y aumentan el déficit.
© Francí Xavier Muñoz, 2011
A diestra y siniestra
Cartas al Director y un grito desesperado. Vol. III
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