La
expresidenta madrileña Esperanza Aguirre dijo en una ocasión, al inicio de la
eclosión del 15M, que la democracia no tenía adjetivos, dando a entender que
incluso era peligroso adjetivarla. Aquella declaración, una más en su larga lista
de ocurrencias, parecía evidenciar que la otrora lideresa había hecho novillos, en sus tiempos de universitaria, en
algunas clases de Derecho Político o, al menos, que con algunos temas no había
aplicado bien los codos. Mal que le pese a Aguirre, la democracia,
afortunadamente, tiene adjetivos, y los ha tenido especialmente desde su firme implantación
liberal en el siglo XIX. Esa adjetivación de la democracia es, precisamente, lo
que permite reconstruirla y perfeccionarla.
La mejora
de la democracia representativa, que es la que tenemos, es una de las demandas
permanentes del movimiento 15-M, secundada también por la Coordinadora 25-S,
Rodea el Congreso, que este mes ha vuelto a convocar a los ciudadanos el 23 y
el 27-O. Y también, por supuesto, es la demanda de otros partidos políticos y
movimientos sociales, algunos con propuestas para avanzar hacia un régimen
republicano y otros para avanzar hacia un nuevo proceso constituyente,
reformando la norma suprema de 1978 o incluso promulgando una nueva
Constitución.
Estas demandas no son solo legítimas sino necesarias, pues la solución
neoliberal a la crisis económico-financiera en algunos países de Europa ha
aflorado las debilidades de la democracia representativa en un contexto
económico global dominado por las grandes corporaciones. Así, la actuación de
los poderes representativos (gobiernos y parlamentos) al dictado de los
intereses particulares de bancos y grandes empresas, respaldados por gobiernos
ajenos, ha vulnerado el primer mandamiento del poder democrático cual es la
actuación en defensa de los intereses generales de los gobernados y
representados.
Por
lo tanto, la primera demanda y la más importante debería ser la introducción en
las democracias representativas de instrumentos jurídico-políticos para una
mayor transparencia y un mejor y más amplio control de los poderes
representativos, al margen de las reformas que sería necesario introducir en la
regulación financiera para que esta “estafa” que algunos llaman “crisis” no
volviera a repetirse. Y, sobre todo, para que el sector financiero no volviera
a condicionar la voluntad política general representada en los gobiernos y
parlamentos.
Mejorar la transparencia y ampliar el control de los poderes representativos
es lo que muchos llamamos “democracia participativa”. Algunos la ensalzan
porque la identifican con la democracia directa y otros la desprecian porque
también la confunden con ella. Yo entiendo la democracia participativa como una
democracia representativa más amplia que la actual, es decir, con mayor y mejor
participación de los gobernados y representados en la actuación política de sus
gobernantes y representantes. La democracia participativa debe llegar a través
del convencimiento de nuestros representantes o a través de la presión pacífica
que logremos hacer sobre ellos, pues cualquier idea cabe dentro de un
ordenamiento jurídico democrático, siempre que nuestros representantes decidan
que cabe.
Si
queremos construir una democracia participativa que, además, supere lastres del
pasado, habría que convocar, como requisito previo, un referéndum con tres
preguntas. La primera sería: “¿Qué forma de Jefatura del Estado quiere usted
para España, monarquía o república? La segunda pregunta sería: “Si ha elegido república,
¿qué sistema de gobierno prefiere usted, parlamentario o presidencialista? Y la
tercera pregunta sería: “Si ha elegido república, ¿qué forma territorial de
Estado prefiere para España, autonómico o federal?”.
Una
vez resuelto lo anterior, una de las primeras medidas urgentes e imprescindibles
debería ser la reforma de la actual ley electoral (LOREG) para establecer una
asignación de escaños más proporcional que la actual en las elecciones al
Congreso de los Diputados, fueran éstas elecciones generales (en monarquía o
república parlamentaria) o elecciones legislativas (en república
presidencialista). Para ello habría que suprimir la circunscripción electoral
provincial, sustituyéndola por una única circunscripción electoral nacional o federal,
al igual que se hace para las elecciones europeas. Si en el Congreso de los
Diputados se elaboran hoy leyes de aplicación nacional (en un futuro quizá
leyes de aplicación federal), ¿qué sentido tiene que sean elegidos los
diputados por provincias? Uno solo: favorecer los intereses de los partidos
mayoritarios, bien implantados en provincias poco pobladas. Esta desproporción
en la asignación de escaños que introduce la circunscripción provincial fue
introducida ya por la primera ley electoral que promulgó Adolfo Suárez, todavía
en régimen preconstitucional. Hoy, la mayor parte de la sociedad demanda un
principio electoral más igualitario: un ciudadano (sea de donde sea), un voto.
Las
elecciones autonómicas o estatales (en un supuesto Estado federal) y las
elecciones al Senado o Cámara Alta deberían contar con la Comunidad Autónoma
o Estado federado como circunscripción electoral, convirtiendo al Senado o
Cámara Alta en una cámara territorial donde se adecuen las normas nacionales o
federales a las normas autonómicas o estatales y viceversa. La provincia solo
debería contar como circunscripción electoral para la formación de la Diputación Provincial ,
desvinculándola de las elecciones municipales; eso si no se suprimieran,
directamente, dichas diputaciones.
Otra
medida necesaria debería ser una mejor y mayor fiscalización pública de las
campañas electorales de los partidos, para evitar la posible contraprestación por
créditos recibidos en forma de medidas legislativas o ejecutivas que favorezcan
ciertos intereses sectoriales, cuando no intereses particulares camuflados en
aquellos. La financiación electoral podría ser pública, pero suprimiendo lo
superfluo y excesivamente costoso a todos los partidos por igual. Para ampliar
la participación política no solo se podría financiar la campaña a los partidos
con representación sino también a los partidos sin representación. Unos y otros
tendrían, en ese supuesto, que recoger un número determinado de avales para
acceder a la financiación pública de sus campañas, número de avales que podría
ser en todo caso superior al exigido actualmente para presentarse a las
elecciones. De esa manera, partidos sin representación tendrían las mismas
oportunidades de llegar a todos los electores que los partidos con
representación. Así, la posibilidad efectiva de relevar a organizaciones,
personas e ideas introduciría al menos la esperanza de cambios cuando los
recambios también se agotan.
Para
no limitar, sin embargo, el derecho a la participación, los partidos que
obtuvieran avales para presentarse a las elecciones pero no para financiar públicamente
su campaña, podrían optar a una financiación privada restringida a personas físicas,
con un tope máximo como único donativo por persona, ingresado en una cuenta gestionada
por la Administración
Pública y en un plazo de tiempo concreto asignado para dicha captación de
fondos. Lo recaudado por este procedimiento estaría limitado a la misma
cantidad asignada a los partidos con financiación pública, de manera que todos
tuvieran los mismos recursos, devolviendo el sobrante a los donantes
particulares. La Administración
Pública tendría la obligación de fiscalizar las cuentas asignadas a los
partidos durante la campaña electoral, que tendrían que justificar cada gasto dentro
del presupuesto público o privado asignado por igual a cada partido, pagando
dichos gastos exclusivamente con el dinero de la cuenta asignada a tal efecto. Además,
cualquier gasto pagado con dinero ajeno a la cuenta de financiación electoral sería
inmediatamente invalidado. Este sistema requiere, por supuesto, un cuerpo administrativo
de auditores pero, al reducir considerablemente el coste de las campañas y
fiscalizarlas públicamente, se evitarían casos de corrupción como Filesa o
Gürtel.
Ella sólo cree que existe la "democracia orgánica" que tanto le gusta.
ResponderEliminarcada dia se habla mas de esto de la democracia participativa directa., ojala y se lleve a cabo pronto.
ResponderEliminarestamos obligados , solo a sí pararemos esta sangría, adelante hacia la unidad
ResponderEliminaradelante compañeros , por una iniciativa socialista de izquierda ISI cada día más fuerte y socialista
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