mi reflexión | 1-O: punto de partida

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Al conectar la radio el domingo a las ocho de la mañana escuché, sorprendido, que los Mossos de Esquadra se estaban limitando a tomar nota de la situación en los colegios electorales de Catalunya pero no los estaban cerrando. "Ha ganado el sentido común", me dije, "ahora que voten y mañana ya se verá". Al cabo de una hora, en el coche, escuchaba por la radio la primera entrada agresiva de la Policía Nacional en un colegio de Barcelona. Me sorprendió desagradablemente el cambio brusco que había dado el panorama en una hora y pensé que esas órdenes eran el gesto del Gobierno a su electorado de extrema derecha. Es la herencia recibida que tanto le gustaba citar a Rajoy pero, en este caso, la de sus arraigos franquistas, esos mismos que, al acabar el servicio militar, le movieron a vestirse una camisa azul y acudir a un cuartel de la Guardia Civil mientras Tejero y sus secuaces entraban a tiros en el Congreso de los Diputados el 23-02-1981, según contaba un periodista en el programa especial de La Sexta. La Historia es lo que tiene, que lo explica casi todo...

Según fue avanzando la mañana, con esas visitas tan poco amigables de policías nacionales y guardias civiles a colegios electorales, caí en la cuenta de que era el Gobierno central, con su torpeza habitual, el que estaba dando relevancia jurídica a un acto que, según el Tribunal Constitucional, había sido suspendido y que, según el ordenamiento jurídico español, carecía de toda legalidad. Entonces, me pregunté, ¿por qué envían a las fuerzas de seguridad del Estado? Es una contradicción que beneficia a quien convoca el referéndum. Para evitar las cargas policiales contra población pacífica e indefensa lo lógico hubiera sido permitir que el 1-O los catalanes se expresaran en las urnas -al fin y al cabo un paripé, que decía el ministro del Interior- y que después el Gobierno central hubiera comparecido para recordar a la Generalitat la ilegalidad del proceso y proceder a la detención de cargos  públicos e intitucionales que hubieran participado en la ejecución del referéndum. O, en todo caso, esperar a la declaración ilegal de independencia para enviar, entonces sí, a las fuerzas de seguridad o al propio ejército pues se estaría cometiendo un acto contra la soberanía de la nación española. Pero lo fácil, como siempre, es actuar contra el pueblo ya que, como dice el dicho popular, "entre delicuentes se entienden". Estamos ante dos gobiernos radicales que llevan años retroalimentándose y cosechando votos a cuenta del enfrentamiento territorial, aunque no hay que olvidar que los pirómanos que encendieron la mecha fueron quienes ahora nos gobiernan, primero con aquel boicot a los productos catalanes y, luego, con el recurso al Estatut de Catalunya; norma política que, no lo olvidemos, contenía artículos que fueron calcados por los estatutos valenciano y andaluz y que, sin embargo, en éstos no se han recurrido. Un agravio más para los catalanes...

Cuantas más cargas policiales veíamos en las redes sociales más se cargaban de razón los independentistas y, ahora sí, el conflicto quedaría internacionalizado a partir del 1-O. Daba la impresión de que, imitando a las repúblicas bananeras, los españoles padecíamos una monarquía tomatera. Como muchas otras veces en nuestra Historia, la derecha creaba un  problema para intentar solucionar otro. En este caso, si antes teníamos un conflicto por el derecho a decidir, ahora tenemos un conflicto nuevo y más complicado, el derecho a la independencia que proclamarán hoy muchos más catalanes que ayer, gracias a la incompetente idea de entrar en los colegios electorales a la fuerza, humillando el sentimiento catalán, que siempre ha sido inconformista con el poder establecido. La Historia se repite y otra vez la España centralista, patriótica y monárquica humilla el autogobierno y las instituciones catalanas, un agravio más en la lista para la convivencia entre las dos naciones. Claro que, como estamos huérfanos de estadistas y políticos instruidos en Historia, así nos luce el pelo y así se toman las decisiones, sin medir las consecuencias que tendrán al día siguiente. ¿Cree algún político español sensato que, ahora, a los políticos independentistas catalanes -que hoy habrán sumado unas decenas de miles de seguidores- les bastará con una reforma constitucional o un Estado federal? Con la torpe y agresiva actuación policial se ha sobrepasado un límite que no cabe en una democracia moderna y digital del siglo XXI y estas heridas, en contra de lo que cree mucha gente, no cicatrizarán salvo que se ofrezca mucho más de lo que pedían los defensores del referéndum, que tan solo era la posibilidad de expresar su derecho a decidir; parada en el camino a la que se ha llegado, no lo olvidemos, porque en La Moncloa reside un indolente que ha dejado enquistar el problema hasta que ha reventado y no ha tomado una sola iniciativa dialogante con el Govern durante los últimos años. Su herencia recibida se lo impedía y su cuota facha de votos, también.

La consecuencia inmediata de esta inacción, que ha llevado finalmente a esta reacción autoritaria y desproporiconada del Gobierno central, debería ser la presentación de una moción de censura contra Rajoy por parte de la oposición, liderada en este caso por el PSOE y el PNV (clave en lo que sucederá en los próximos días), pues quien nos ha traído hasta aquí y quien ha agrandado un problema que podía haber encontrado solución en un diálogo interparlamentario entre Congreso y Parlament,  no está legitimado para seguir al frente del Gobierno de la nación pues no va a hacer otra cosa que añadir más leña al fuego. O moción de censura o dejar de apoyar al Gobierno central en las medidas que quiera emprender ahora para afrontar el procés catalán, convertido ya en auténtico problema. Si Pedro Sánchez quiere sobrevivir a su resurrección no tendrá más remedio que tomar partido y situarse, ya sin ambages, de frente a Rajoy en este asunto, pues a partir del 1-0 la independencia de Catalunya será el quebradero de cabeza de la política española durante muchos años y sólo un Gobierno central que pacte un referéndum consultivo -que dé lugar posteriormente a la negociación de un nuevo encaje catalán en el Estado español- solucionará el conflicto para unas cuantas generaciones. O eso o una reforma constitucional mucho más profunda y ambiciosa que cualquiera de las que nos pudiéramos imaginar hasta el 1-O-17.

Lo más grave es, sin embargo, la fractura social que se ha ensanchado entre esa mitad de catalanes independentistas -que hoy habrá aumentado- y el resto de España, representada en las fuerzas de seguridad estatales. Una fractura que ya no tendrá solución quirúrgica y que afecta no sólo a gran parte de la juventud catalana -esa juventud que en diez o quince años gobernará la Generalitat- sino que afecta a estratos transversales de la sociedad  y que todos hemos visto en esos colegios electorales donde se mezclaban ciudadanos de todas las edades. Lo dijo un comentarista: "no es la kale borroka vasca, es la clase media catalana" la que se está manifestando contra la permanencia en el Estado español. Con la inoportuna intervención policial de Rajoy esa clase media catalana está ya, definitivamente, desconectada de España.

Las posturas de la Iglesia catalana y española también aventuran que acaba de internacionalizarse el conflicto y que, ahora sí, comienza el verdadero lío -en feliz expresión de Rajoy- pues las denuncias de la Generalitat contra España en órganos internacionales y europeos transformarán lo que era un conflicto local en uno trasnacional. La UE, por fin, tendrá cumplida información de lo que acontece en verdad en una parte del Estado español y ya no sólo por parte de representantes institucionales sino de organismos civiles y asociaciones culturales. Hoy se inicia el verdadero camino que conducirá a la independencia catalana, hoy se ha dado el salto definitivo que querían Junts pel Sí y la CUP y eso es lo que, torpemente, les ha concedido Rajoy: causa, mártires y vídeos, todos los ingredientes necesarios para internacionalizar el conflicto catalán, que podía haberse mantenido en conflicto nacional de haber actuado por la fuerza el Gobierno central sólo en caso de declaración ilegal de independencia.